""Hay precipitación y desinformación. Además de generar graves impactos tampoco responde a las demandas energéticas del Perú", señala Mariano Castro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). El proyecto no cuenta con lo que en Perú se llama licencia social, es decir, con la aprobación de los habitantes de la zona, en este caso unas 10.000 personas en ámbitos rurales."
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