""Hay precipitación y desinformación. Además de generar graves impactos tampoco responde a las demandas energéticas del Perú", señala Mariano Castro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). El proyecto no cuenta con lo que en Perú se llama licencia social, es decir, con la aprobación de los habitantes de la zona, en este caso unas 10.000 personas en ámbitos rurales."
Wednesday, February 2, 2011
Tuesday, February 1, 2011
Derechos humanos e independencia judicial by Lydia Vicente Márquez y Alicia Moreno Pérez
Sobre Garzón y la implicación de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo
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